El silencio de la tortura: cuando tu cuerpo es un rehén de la policía

Un nuevo documental surge para denunciar las vulneraciones de derechos que se pueden cometer a lo largo del periodo de incomunicación; se trata de El silencio de la tortura, todavía en fase de captación de fondos. “Convertido el Estado de Derecho en el Derecho del Estado a hacer lo que le plazca”. Esta definición del filósofo Josep Maria Terricabras podría aplicarse al punto exacto en el que nace la tortura y como casilla de salida de esta denuncia…

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Si existe la tortura es en buena parte por dos motivos. Uno es que esta se ordena, tiene un origen: un mando superior al de aquel que la ejecuta. Cuesta pensar que un miembro de un cuerpo de seguridad vaya a jugarse el puesto en una posterior investigación si sus prácticas no han recibido el beneplácito de sus superiores.

La otra pata del banco de la tortura es la incomunicación, esos minutos o hasta 120 horas. Mediante este mecanismo, se crea una doble condición para poder ejercer el maltrato: por un lado, ofrece carta blanca a los ejecutores, que no tendrán testigos de su acción; por otro, crea en la víctima el aislamiento necesario para minar primero su resistencia física y después la moral, al ser consciente de no poder obtener prueba alguna del delito al que está siendo sometida. Cuando un juez dicta prisión incomunicada, sabe bien adónde está mandando a esa persona.

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Unai Romano fue detenido por la Guardia Civil en Vitoria en el año 2001, acusado de presunta colaboración con ETA. Tras varios días incomunicado, tuvo que ser ingresado en un hospital. “Cuando no les gustaba la respuesta, me golpeaban”. Denunció torturas pero su caso fue archivado. El episodio pasó a engrosar una nutrida lista negra de actuaciones policiales más que sospechosas.

El médico forense corroboró la versión oficial de la Guardia Civil, según la cual Romano se habría autolesionado durante su detención. El suyo y otros casos de torturas recientes (incluyendo el del periodista Martxelo Otamendi, director del clausurado periódico vasco Egunkaria) fueron relatados en primera persona en el documental 120 horas. Ese es el tiempo que una persona puede permanecer detenida bajo incomunicación en aplicación de la Ley Antiterrorista española.

“Puede que haya sido un minuto, pero a mí se me hizo eterno. Ese minuto fue atroz”. Rodrigo Lanza, uno de los detenidos en el montaje policial del 4F resume así en Ciutat Morta las agresiones que sufrió en su detención. Está verbalizando la desorientación, la indefensión, el aislamiento, el no-ser. Está definiendo, en una palabra, la tortura.

Desde el entramado oficial, la perspectiva es otra. En el documental L’Operació Garzón contra l’independentisme català, sobre el gran dispositivo policial y judicial llevado a cabo en el verano de las Olimpiadas del 92, el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón explica que desde la AN no se pueden investigar las denuncias de tortura, ya que no entran dentro de las competencias del tribunal.

¿Ha servido el terrorismo de coartada para el endurecimiento de las condiciones de personas detenidas en territorio español durante las últimas décadas? Podemos comenzar a tejer una respuesta a esta pregunta atendiendo a las propias palabras de Garzón, en otro documental, este sobre la organización armada Terra Lliure: “En la Audiencia Nacional, el delito que no se puede investigar es el de torturas, porque no entra dentro de la competencia, y está muy bien que sea así… Perjudicaría a la lucha contra el terrorismo“.

Según documentos publicados por la periodista Sònia Bagudanch en el libro Et presento el jutge Garzón y a su vez en La Directa, Garzón conocía las denuncias por tortura de diez de las personas detenidas aquel verano. Firmó de hecho como mínimo una de ellas, si bien nunca abrió diligencias para su investigación. Las vendas en los ojos, bolsas de plástico en la cabeza, golpes de kárate en el cuello y con una guía telefónica en la cabeza, puñetazos en los testículos o estar de pie durante 20 horas no parecieron suficientes indicios de tortura para el magistrado.

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Amnistía Internacional ha denunciado en numerosas ocasiones las prácticas que se llevan a cabo en los centros de detención españoles, especialmente el régimen de incomunicación. Prueba de esta preocupación son los informes Sal en la herida de 2007 y de 2009, en los que Amnistía documenta de manera exhaustiva la indefensión de las víctimas y la impunidad de los ejecutores y superiores.

El año 2014 se ha cerrado con 4 condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por violar varios artículos del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Dos de ellas lo han sido por torturas durante detención incomunicada.

Los de Romano o Lanza no son casos aislados. Según ha denunciado recientemente la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, entre 2001 y 2013 se presentaron en el estado español 6.621 denuncias por torturas y malos tratos y 833 muertes bajo custodia policial. Tan solo hubo 752 condenas, de entre las cuales casi la mitad lo fueron por falta y no por delito.

http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/Tortura_0_1459654027.html

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